La Constitución Española consagra el derecho a la tutela judicial efectiva y lo vincula de forma indisoluble al derecho fundamental de defensa, que requiere de la asistencia por un abogado. El fundamento de la defensa reside en la necesidad de asegurar la plena igualdad de armas y la vigencia efectiva del principio de contradicción. Asegurar este derecho trasciende a la mera tutela del interés de parte para constituir una exigencia estructural del proceso que sólo puede desempeñar la Abogacía. Reforzar y garantizar ese ejercicio pasa necesariamente por una Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que forma parte del plan normativo del Gobierno para este año 2023. En ella deberían reflejarse instrumentos esenciales en este ejercicio como el secreto profesional y un amparo colegial más eficaz en la defensa de los abogados. El pleno ejercicio del Derecho de Defensa no se entiende sin la Justicia Gratuita, cuya normativa ha quedado plenamente rebasada por la realidad y, por tanto, precisa de una urgente puesta al día.
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