Almudena Lastra de Inés

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1984/1989)

Ingresó en la Carrera Fiscal en 1991, ocupando destinos en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (6/91 a 3/93), especializada en reforma de menores; en la Fiscalía Provincial de Segovia (3/93 a 10/97); en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (10/97 a 11/2003), especializada en reforma de menores y procedimientos ante el Tribunal de Jurado; en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (3/2007); en la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado (9/2007 a 9/2008); en la Fiscalía de la Comunidad de Madrid (12/2013 a 1/2019), Delegada para la Tutela penal de Víctimas y Delegada para el despacho de cuestiones de inconstitucionalidad) y en la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, donde desempeñó el cargo de Teniente Fiscal hasta su nombramiento como Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid el 18 de mayo de 2021.

Letrado del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial (11/2003 a 3/2007), Jefe de la Unidad de Atención al Ciudadano.

Vocal del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Senado, desde el 23 de septiembre de 2008 al 4 de diciembre de 2013.

Profesora Asociada al Departamento de Derecho Penal y Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid (Campus de Getafe) impartiendo Derecho Penal Parte Especial. Profesora Honoraria de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid impartiendo el Master Internacional de Necesidades y Derechos de la Infancia (quince ediciones). Asesora experta de la Comisión de Codificación en la elaboración del Reglamento de la LO 5/2000. Miembro, en representación de la FGE, de la Comisión de Seguimiento del Convenio Marco de Cooperación y Colaboración en Delitos de Odio y Discriminación (2015/2017). Representante de la FGE en el Consejo Asesor de Víctimas creado en 2017. Autora de numerosas ponencias y publicaciones y contratada por FIIAPP para distintos proyectos internacionales de implantación de órganos judiciales.

Reconocida con la Cruz al Mérito Policial, con distintivo blanco, del Cuerpo Nacional de Policía en 2018 y con la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort por Real Decreto 967/2013, de 5 de diciembre.

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